Análisis del Reglamento para el funcionamiento, régimen interno y organización de los Centros de Internamientos de Extranjeros a partir de la aprobación del Real Decreto 162/ 2014

Este texto se estructura a partir de los capítulos del documento del Reglamento.

1.Estructura de los Centros de Internamiento de Extranjeros

El nuevo Reglamento mantiene el Cuerpo Nacional de Policía como garante de los derechos de las personas migrantes. La organización interna de los CIE recae en la figura
del Director y en una Junta de Coordinación en la que se integra el Director, el administrador, los responsables de seguridad, de asistencia sanitaria y social y el secretario de dirección.

2.Asistencia sanitaria, social y cultural a las personas internas

En cuanto a la asistencia sanitaria, se abre la posibilidad de externalizar la función de
hospitalización y asistencia especializada a entidades privadas, restringiendo así el
derecho fundamental a la salud universal.

De esta forma se transfiere una gestión básica que debería asumir el Estado, derivándola a intereses privados con una lógica de mercado, por la que pueden primar los intereses
económicos por encima de les necesidades de las personas más vulnerables.

Por otro lado se prevé que la decisión última de ingreso hospitalario de una persona
interna a recomendación del servicio de asistencia médica recaiga sobre la figura del
Director, interponiendo un trámite burocrático añadido que dificulta todavía más la
asistencia en casos de urgencia. Entendemos que, por un lado, esta decisión se debería
regir estrictamente por criterios médicos y no por las decisiones de un funcionario policial no formado en materias de salud. Por otro lado, que en el caso de vulneraciones de derechos, será el mismo Cuerpo de la Policía Nacional – quien a su vez potencialmente
habrá cometido los abusos – quien permitirá el ingreso hospitalario, situación que deja a la persona interna en una posición de vulnerabilidad extrema.

Finalmente, los planes en materia de asistencia social y cultural recaerán sobre la figura
del Director por encima de la figura del trabajador social, y por tanto será aquél quien en
última instancia decidirá cuál es la asistencia ofrecida.

Pese a que el Reglamento enumera una lista de derechos de las personas internas como el
derecho a la integridad física, no ser sometido a tratos degradantes y otros, no se establece ningún cambio estructural y organizativo que evite hechos como los ya denunciados hasta ahora.

3.Quejas y peticiones.

En el Reglamento se establece la forma de realizar peticiones y quejas respecto al
funcionamiento del Centro. Éstas quedan registradas en el llamado ” libro de registro”,
que quedará custodiado en el Centro por parte del secretario del Director, violando así el
derecho a la confidencialidad de las personas internas.

Es intolerable el hecho de que las conducciones de las personas internas a los juzgados,
incluyendo casos en que se denuncia la propia actuación de la Policía Nacional, recaigan
sobre los mismos agentes que custodian los CIE.

4. Régimen de visitas de familiares.

El régimen de visitas irá descrito al régimen interior y no a la ley aprobada. Este
dependerá de cada CIE y su Junta de Coordinación y podrá ser modificado por el
Director a petición del administrador. Nos encontramos ante otra medida que queda en
manos de la figura del director y será determinada de manera completamente arbitraria.

5. Medidas de seguridad y coercitivas contra las personas internas.

De acuerdo con lo dispuesto en el Título VI del Reglamento, la vigilancia interior de los
Centros se realizará mediante circuitos cerrados de televisión, pero se concibe como una
opción y no como una obligación. Por tanto, existirá la posibilidad de que haya CIEs con
cámaras de seguridad y otros sin, ya que la adopción de medidas de vigilancia dependerá
de cada Centro, ofreciéndoles un margen de maniobra totalmente arbitrario y discrecional.

En segundo lugar y en relación a las armas de fuego, se regulan las zonas donde no puede
haber, sobreentendiendo que en todo el resto de zonas sí que se presta servicio armado.
Pensamos que el hecho de llevar armas de fuego va mucho más allá de la limitación de la
libertad ambulatoria de los internos y que funciona como una medida coaccionadora.
En tercer lugar, el texto prevé que la forma y periodicidad de las inspecciones de las
instalaciones, incluyendo las dependencias comunes, los dormitorios de los internos, así
como sus efectos personales, recaigan en la figura del Director del Centro quien deberá
dictar estas normas.

Por otra parte, recae en el Director de cada CIE la autorización previa en los registros
personales de los internos, incluso cuando se proceda al desnudo integral que, en casos de
urgencia o extraordinaria necesidad, no necesitará su autorización.

Una vez más, el Director del CIE será el encargado de aprobar los medios de contención
física individual, así como la separación preventiva del interno en una habitación
individual, entendiéndose ésta como una celda de aislamiento, sin establecerse la
obligatoriedad de instalar cámaras de vigilancia, ya que el texto sólo dispone que deberán
ser de análogas características que las ordinarias.

Hay que poner de relieve que los malos tratos sufridos por los internos a lo largo de todos estos años se han producido en más de una ocasión en espacios donde no existían
cámaras de video vigilancia. Es por ello que, mientras no existan unas medidas que eviten
el conflicto, la impunidad seguirá reinando en los CIE. Y que las decisiones sobre una
materia tan sensible como la seguridad dependa de cada Director de Centro, y no vengan
ordenadas por una norma legal, perpetua la arbitrariedad y discrecionalidad que hasta
ahora reinaban en los CIE.

6.Limitaciones a las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.

Las personas que formen parte de organizaciones de defensa de los derechos humanos
deberán ser autorizadas por el director del centro para poder visitar a los internos.
Además, la persona visitante deberá presentar al director una copia de los estatutos de la
organización, un certificado de pertenencia a la misma y por último el objetivo de la
visita.

Esta maniobra no es más que un intento de limitar la asistencia que pueden recibir las
personas internas, poniendo trabas burocráticas a las visitas y un control absoluto de lo
que en ellas se habla. Así, se continúa perpetuando la opacidad de los CIE y la
imposibilidad de que las Organizaciones de Derechos Humanos realicen una tarea de
supervisión del Centro en materia de garantía de los Derechos Fundamentales.

7.Régimen interior del centro

A pesar de ser centros estatales dependientes del Ministerio del Interior, cada centro tendrá un régimen interior diferente redactado por las diferentes juntas de coordinación. En este régimen interior habrá temas tan importantes como los horarios de visitas, planes de asistencia social y planes de ocio que afectan a las personas internas.

De esta manera el Reglamento aprobado es un marco para que cada junta dicte su propio
reglamento interno, incurriendo en agravios comparativos entre CIE y perpetuando la falta de transparencia de las normas de los CIE.

8.Centros de ingreso temporal o provisional

Cuando sucedan condiciones de emergencia que desborden la capacidad de los centros,
se podrán habilitar otros centros de ingreso temporal o provisional, en principio en unas
condiciones similares a las de los CIE.

Este artículo además de ambiguo resulta muy peligroso, dado que no se especifica qué
centros podrán ser candidatos a cumplir las funciones de los CIE con las consecuencias
que esto puede suponer para las personas internas.

Adjunto (pdf): Reglamento Centros de Internamiento de Extranjeros RD 162.2014

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Nota de prensa: ¡No al Reglamento de la Vergüenza!

Comunicado de la Campaña Estatal por el cierre de los CIE ante la aprobación del Real Decreto mediante el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y convocatoria de rueda de prensa.

Poco después de las muertes de Samba Martine en el CIE de Aluche (diciembre de 2011) y de Idrissa Diallo en el CIE de Zona Franca (enero de 2012), el Gobierno anunció la inminente aprobación de un Reglamento para regular el funcionamiento y régimen interno de los Centros de Internamiento. En aquel momento, estas dos muertes, más la sucesión ininterrumpida de informes que documentaban la vulneración de derechos fundamentales en el interior de estos centros de la vergüenza, provocaron que el Gobierno llamase a las organizaciones sociales a una consulta sobre dicho proyecto de Reglamento.

Sin embargo, los fallecimientos se solapan y no son sino la punta del iceberg de la vulneración de derechos que suponen las políticas migratorias y el entramado que las sustenta: redadas, internamientos y expulsiones. Con la muerte de Alik, el pasado año y, ahora, con las 15 muertes en Ceuta (aún sin esclarecer) reaparece un nuevo intento de legitimar la barbarie mediante trasformaciones legales. En este sentido, las declaraciones del Ministro de Interior en el transcurso de la rueda de prensa de hoy no hacen sino evidenciar una concepción de la migración en términos criminalizadores, bélicos e inhumanos.

El Reglamento presentado por el Gobierno mantiene el monopolio del Ministerio del Interior sobre el control de los CIE, consolida el modelo de gestión policial y concentra la autoridad en el Director, también funcionario policial. Los derechos de las personas internas son supeditados a los criterios policiales de seguridad y control, una práctica policial consolidada durante casi tres décadas de existencia, caracterizada por la opacidad, arbitrariedad, el abuso y la impunidad, y que ha tenido consecuencias fatales para los derechos y la integridad de las personas internas y su entorno social.

Además, el Reglamento abre las puertas a privatizar y subcontratar toda la asistencia social. Conforme a la experiencia acumulada, las organizaciones independientes podemos afirmar que las subcontratas no han prevenido las muertes ni el sufrimiento humano que supone la exclusión, persecución, reclusión y deportación de seres humanos. Ninguna organización social que de verdad defienda los Derechos Humanos entrará a negociar la gestión de estos campos en los que se producen violaciones de derechos diarias.

Por estas razones, las diferentes organizaciones y colectivos sociales de la Campaña Estatal por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, consideramos que este intento de legitimación y consolidación del modelo policial en forma de reglamento en ningún caso va a suponer el cambio de naturaleza de estos centros.
Por ello mostramos nuestro más absoluto rechazo al Real Decreto mediante el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) , puesto que resulta intolerable la implantación del racismo institucional y la exclusión de seres humanos en campos de internamiento.

Las organizaciones sociales firmantes creemos firmemente que no se puede regular aquello que no debería existir. De igual forma, entendemos que nuestra labor en estos lugares, que con su mera existencia suponen una vulneran los Derechos Humanos, no consiste ni en prestar asistencia, ni gestionarlos, sino en la denuncia activa de las injusticias que se acometen con el objetivo último de lograr su cierre.

Contra el #ReglamentoVergüenza.
Por el cierre inmediato y definitivo de los CIE.

Por ello, la Campaña Estatal por el cierre de los CIE convoca a sendas ruedas de prensa el próximo 18 de marzo.

 

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Martes, 18 de marzo: Concentración contra el Reglamento de la vergüenza

Contra el Reglamento de la vergüenza

Contra el Reglamento de la vergüenza

El pasado viernes 14 de marzo se aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto por el que entra en vigor el Reglamento sobre el funcionamiento y régimen interno de los CIE.

Desde la Campaña por el cierre de los CIEs expresamos nuestro absoluto rechazo a este regalamento que no trata sino regular lo que no debería existir; espacios en los que se vulneran los derechos fundamentales al privar de libertad a personas por el hecho de estar en situación administrativa irregular.

Por ello, el próximo martes 18 de marzo convocamos una concentración frente al Ministerio del Interior para decir “No al reglamento de la Vergüenza” porque ningún ser humano es ilegal:

  • ¿Dónde? Frente al Ministerio de Interior (Paseo de la Castellana 5, junto a Colón).
  • ¿Cuándo? Martes 18 de marzo, a las 19:00 horas.

Más información en:

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Respuesta a portada El País 17 de febrero 2014

En referencia a la noticia  publicada el pasado día 17 de febrero por el diario El País, del grupo Prisa, alertando que “30.000 inmigrantes aguardan en Marruecos para saltar a Ceuta y Melilla”, las organizaciones y movimientos pro derechos humanos y derechos de las personas migrantes,

Manifestamos nuestro más absoluto rechazo y hacemos un llamamiento  a la responsabilidad de los medios como transmisores de información y generadores de opinión pública en los siguientes aspectos:

El extenso reportaje publicado el pasado lunes en El País está redactado exclusivamente en base a “fuentes oficiales” y supuestos “Informes de Inteligencia” -que no son más que declaraciones de mandos policiales-, sin aportar la debida versión alternativa independiente.

En el texto se habla de entrada de inmigrantes como “avalancha” o “tumultos” con “potencial desestabilizador” y de “creación de alarma social”, llegando a describir a Ceuta y Melilla como ciudades “asediadas”.

El único supuesto responsable de la situación son unas “mafias bien organizadas y estructuradas”, aunque está comprobado –y se reconoce en el propio texto de la noticia-  que la mayoría de saltos de vallas no están organizados por éstas. A pesar de que el texto se refiere en dos ocasiones a las 15 muertes en la playa de Tarajal, en ningún momento se citan los intentos de ocultación y manipulación de los hechos por las mismas fuentes que ahora filtran los Informes en que se basa el reportaje. Hay que recordar que durante las últimas dos semanas ha habido hasta cinco versiones oficiales distintas sobre los hechos.

Recordamos que las migraciones forzadas como las que se producen en la frontera sur de Europa son fruto del empobrecimiento de los territorios y del expolio al que someten los países ricos a los Estados y personas del sur, empobrecimiento que obliga a los desplazamientos forzados y a las huidas clandestinas del territorio. Consecuencia de las mismas son las personas que esperan llegar a Europa en busca no ya de un vida mejor sino de poder vivir.

Los responsables de las muertes no son las mafias exclusivamente, sino esos mismos gobiernos que en nombre de los pueblos las favorecen, financiando con nuestros impuestos las políticas de militarización y externalización de fronteras, la represión contra las personas migrantes, los encierros y las deportaciones.

Por todo ello,

EXIGIMOS:

La disculpa pública de El País por la falta de respeto hacia las víctimas y a la sociedad civil en su conjunto.

La rectificación por parte de los medios de comunicación de las informaciones poco veraces, ambiguas y generadoras de miedo, odio y discriminación contra las migraciones.

La responsabilidad por parte de los mass media de no generar ni favorecer un contexto social donde se propicie la alarma social y la xenofobia.

La necesidad en pro de la salud democrática de que profesionales del periodismo y la comunicación aporten a la ciudadanía una información fidedigna y contrastada y que se posicionen en la obligación de dilucidar los hechos y hallar las responsabilidades de quienes actúan contra derecho en vez de justificar el uso de la fuerza y la violencia.

Por una sociedad bien informada sin prejuicios ni discursos xenófobos.

No al #GenocidioMigratorio

La Campaña por el cierre de los CIE estatal

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Nota de Prensa: comparecencia del Ministro de Interior en el Congreso

Ante la comparecencia en el Congreso de los Diputados del Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz , y las razones expuestas por éste para justificar su actuación, la de la Delegación de Gobierno y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las entidades defensoras de los derechos humanos aclaramos

El pasado 6 de febrero un amplio grupo de personas migrantes de origen subsahariano intentaba cruzar la frontera hispano-marroquí en Ceuta. La extremada violencia de la intervención de la Guardia Civil, bajo las órdenes del Delegado del Gobierno y el Ministerio del Interior, se saldó con la muerte (asesinato) de 15 personas.

Los testigos que sobrevivieron hablan de numerosas ilegalidades: disparos de balas de goma y botes de humo contra las personas que aún estaban en el agua, violencia física desmedida a las que consiguieron salir y expulsiones ilegales a la frontera marroquí.

Las 15 personas muertas tenían nombres y apellidos e historias de vida que nos hablan de injusticia, de pobreza, de esfuerzo y de un enorme deseo de libertad y dignidad para los suyos. Estas muertes se suman a los miles de personas que han fallecido en las fronteras fruto de unas políticas migratorias europeas que condenan a las personas migrantes a la clandestinidad y al maltrato cotidiano por parte de las instituciones del Estado.

Condenamos la desastrosa gestión del Ministerio del Interior que intenta criminalizar a las migrantes, negando el uso de material antidisturbios y justificando una política de extrema violencia contra las personas.

Nos negamos a aceptar con resignación esta realidad y por eso hoy nos concentramos frente al Congreso para decirle al Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz:

BASTA DE MUERTES EN LAS FRONTERAS
BASTA DE POLÍTICAS MIGRATORIAS ASESINAS
MINISTRO DEL INTERIOR CULPABLE,
MINISTRO DEL INTERIOR DIMISIÓN
¡INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE YA!

No olvidamos. No perdonamos.
Ninguna persona es ilegal.

Concentración ante el Congreso

Concentración ante el Congreso

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Comunicado de Brigadas sobre las muertes en Ceuta

Denunciamos la muerte el día 6 de febrero en la frontera de Ceuta de varias personas ahogadas intentando llegar a Europa. Sentimos vergüenza por estos asesinatos de la política racista y criminal de fronteras.

En los últimos años miles de personas han perdido la vida en el Mediterráneo tratando de llegar a esta Europa fortaleza.

Otras tantas aun habiendo conseguido llegar han sido perseguidas en redadas racistas y encarceladas en CIEs para, en algunos casos, después, ser deportadas truncando proyectos de vida.

De muchas de ellas desconocemos su nombre , quedaron invisibilizadas, a otras podemos recordarlas por su nombre, como a Samba Martine, Idrissa Diallo o Aramis Manukyan muertos en los CIEs de Barcelona y Madrid.

Estas muertes no responden a una fatalidad, a una desgracia, son fruto de unas políticas europeas y del estado español y sus criminales agentes, que bajo una lógica securitaria militarizan las fronteras utilizando vallas y cuchillas o gases lacrimógenos y balas de goma contra personas inocentes.

La actuación de las fuerzas del estado español y marroquí es la causante de las muertes y las personas heridas, y por tanto es responsabilidad de los autores de las mismas, y de sus responsables políticos, ministerios del interior y gobiernos.

Exigimos justicia. Que se investiguen los hechos y se castigue a los responsables directos y a los políticos que ordenaron su actuación, por ello apoyamos la denuncia presentada ante la Fiscalia General del Estado por organizaciones civiles exigiendo responsabilidades por estos asesinatos.

Condenamos estos asesinatos de la política racista y criminal de fronteras.

Ni una muerte más.

Por el fin de las redadas racistas, de los CIEs y los vuelos de la vergüenza.

CONCENTRACIONES DE REPULSA EN TODO EL ESTADO
En Madrid:
Miércoles 12 de febrero
Puerta del Sol, 20.00 h.
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No a las cuchillas en las vallas de Ceuta y Melilla

Las medidas de “protección” de fronteras y el fortalecimiento la Europa fortaleza son manifestaciones de la guerra contra los pobres y el racismo institucional.

La vuelta de tuerca que supone el uso de elementos que -como las cuchillas sobre las sirgas- producen dolor, sufrimiento y muerte es inadmisible y profundiza en el espíritu represor e inhumano de las políticas de extranjería.

La existencia de las vallas y el coronarlas con cuchillas para producir daño, son un severo ataque a los Derechos Humanos Universales y entra de lleno en la definición de tortura al infligir intencionadamente dolores o sufrimientos graves, con el fin de castigar, intimidar o coaccionar.

Los inmensos medios puestos en marcha para frenar la inmigración, no consiguen evitar que los seres humanos que se ven obligados a abandonar sus países de origen por múltiples y diferentes causas, como la pobreza, el hambre, la miseria, la persecución política, religiosa o cultural, las guerras tribales o regionales, etc sigan inmigrando, y a la inmoralidad de limitar el movimiento de las personas que ejercen su derecho a la libre circulación, se une el que originan consecuencias desastrosas.

Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos exigimos que cese la instalación de cuchillas, y se retiren de donde están colocadas, en las vallas de Ceuta y Melilla.

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Convocatoria por la Sanidad Pública para todos y todas

Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, nos sumamos a la convocatoria de un acto de denuncia y concentración por una Sanidad Pública Universal, contra la exclusión sanitaria de inmigrantes y por el derecho a la salud y a la vida.

  • ¿Qué día? El día 10 de diciembre de 2013.
  • ¿Dónde? En la Plaza de Lavapiés (Madrid).

Se realizarán diferentes acciones:

  • De 16:00 a 20:00: construcción del muro de la exclusión con cajas de cartón
  • De 20:00 a 21:00: concentración y derribo del muro

Exigiremos:

  • La derogación del Real Decreto Ley 16/2012
  • Garantías de asistencia sanitaria para todas las personas en condiciones de igualdad, a través de un sistema público y universal, al margen de la situación administrativa, económica o del origen nacional

¡Participa, asiste, lleva tu caja, firma, ven a dar testimonio!

Convocamos: Red por el Derecho a Tener Derechos, Asociación Integrando, Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos -AIETI-, Asociación de Mujeres Latinoamericanas “Amalgama”, Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos (BVODH), Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos (CEDEHU), Cristianos de Base, Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE), Médicos del Mundo (MdM), Movimiento Tierra y Libertad, Plataforma de Inmigrantes de Madrid (PIM), Plaza de los Pueblos, SOS Racismo-Madrid

Sanidad Universal

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Manifestación y fiesta por el cierre de los CIE

Mani contra los CIEs

Por tercer año, realizamos un encuentro estatal de colectivos en lucha contra los CIEs, esta vez en Madrid, para organizar nuestra lucha y visibilizar nuestro rechazo a estos espacios opacos, discriminatorios y racistas.

Vallas, cuchillas, redadas racistas, centros de internamiento, deportaciones… Un entramado criminal, inmoral e injusto, de control y represión de los flujos migratorios que marca fronteras externas e internas. Mecanismos al servicio de un sistema que separa a las personas y vulnera sus derechos.

Existen en el estado español siete centros de internamiento. Siete lugares dónde se priva de libertad a las personas hasta 60 días por el hecho de encontrarse en situación administrativa irregular. Siete lugares en que se vulneran a diario los derechos más básicos; a la vida privada y familiar, a la intimidad, a la identidad, a la educación, a la salud, a la dignidad. Lugares dónde se maltrata física y psicológicamente. Lugares que justifican el racismo y la xenofobia.

Nos oponemos a la existencia de estos centros. El sábado 7 de diciembre nos manifestamos desde Oporto hasta el CIE de Aluche.

  • ¿Dónde? En Madrid, desde la Plaza de Julián Marías, en Oporto, hasta el CIE de Aluche.
  • ¿Cuándo? El sábado 7 de diciembre a las 18:00.
  • ¿Cómo? ¡Ven con ropa negra!

Y después… Fiesta por la autogestión del encuentro con Dj Biano (Orxata).

  • ¿Dónde? En Madrid, en el Patio Maravillas (calle Pez, 22). Metros Noviciado y Callao.
  • ¿Cuándo? El sábado 7 de diciembre a las 22:00.

Habrá otras actividades abiertas.

Por el cierre de los CIEs, ¡ya! ¡Ni CIEs ni CECEs!

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Juzgado anula multa a Brigadas Vecinales

El juzgado declara nula la sanción impuesta por la Delegación de Gobierno de Madrid a participante en las Brigadas de Observación de los Derechos Humanos por infringir el principio de presunción de inocencia.

En diciembre del 2010, agentes de policía identificaron a las personas que participaban en una brigada, cuando observaban y documentaban una redada racista. Dichas personas fueron multadas por su labor. Estas sanciones violan los derechos de libertad de expresión, asociación y tutela judicial efectiva (presunción de inocencia y utilización de medios de prueba), por lo que se decidió demandar a la Delegación de Gobierno de Madrid por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 26 de Madrid estima en parte la demanda y declara NULA la sanción por infracción del principio de presunción de inocencia. No obstante, BVODH recurrimos la sentencia por considerar que no fundamenta ni motiva suficientemente que se desestime la vulneración de los derechos de libertad de asociación, expresión y utilización de medios de prueba.

A. Libertad de asociación: la sentencia ignora que se castiga la actividad de denuncia de las redadas racistas que BVODH realiza, al sancionar a varias brigadistas en esa y en otras ocasiones, y por basarse en un informe policial que atribuía determinadas conductas al colectivo (falsamente). Afirma que las redadas racistas son legales pese a que la sentencia del TC del 2001 ha sido superada con el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU y otros organismos internacionales.

B. Libertad de expresión: la sentencia “despacha” afirmando que “no se ve en que forma puede ser cercenado”, cuando se impuso una multa por expresar opiniones e informar de unos hechos, lo que ha sido sólidamente argumentado en la demanda.

C. Derecho a la utilización de los medios de prueba pertinente: La policía no aportó las grabaciones de las cámaras de video-vigilancia alegando no conservarlas. La ley establece que no se destruirán las grabaciones cuando estén relacionadas con infracciones administrativas graves (es lo aplicado en este caso) o muy graves. La sentencia reconoce que la infracción se califica de grave pero argumenta que la multa es la menor de las posibles para las infracciones graves, desconociendo de la norma, y justificando la no conservación de las grabaciones.

El ordenamiento jurídico protege las libertades y derechos fundamentales, y éstos son vulnerados cuando se acosa y persigue a las personas por el color de su piel o por su situación administrativa, cuando se sanciona, detiene o encarcela a quien ejerce sus derechos y libertades, y cuando se intenta coaccionar a quien defiende los derechos humanos.

BRIGADAS VECINALES DE OBSERVACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS no cejamos en la decisión de acabar con las redadas racistas y ponemos los medios a nuestro alcance para defender las libertades y los derechos de todas las personas. No aceptamos pasivamente los intentos de coacción e intimidación, por ello hemos decidido recurrir la sentencia.

Documentación:

La rueda de prensa podrá seguirse en directo desde brigadasvecinales.org/streaming/

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