70 entidades instan al poder judicial y a la UE que investiguen de oficio la violencia y devoluciones en Melilla

 melilla-15-de-octubreTras el intento de entrada de más de 200 personas en el pasado miércoles a través de la valla de Melilla, las 70 organizaciones firmantes de esta nota de prensa queremos mostrar nuestro absoluto rechazo a las prácticas llevadas a cabo por las autoridades españolas que, lejos de respetar la legislación nacional, europea e internacional y garantizar el respeto de los derechos humanos y el principio de no devolución, han devuelto una vez más de forma sumaria a personas que se encontraban en territorio español. A pesar de que estas devoluciones están siendo objeto de investigación por parte de los tribunales y que han llevado a la imputación del responsable máximo de la Guardia Civil de Melilla, las autoridades españolas siguen llevándolas a cabo para a expulsar a Marruecos a personas inmigrantes y potenciales refugiadas que llegan a nuestras fronteras.

Después de analizar los vídeos aportados por PRODEIN en los que se puede observar una probable expulsión sumaria, así como posibles agresiones a personas inmigrantes , las entidades firmantes instan de forma urgente al poder judicial, y a los órganos europeos de defensa de los Derechos Humanos, a que abran una investigación de oficio para aclarar estos hechos. A través del primer video se puede ver como de manera evidente una persona es expulsada de forma sumaria tras haber atravesado todas las vallas, sin tener acceso a las garantías previstas en la LOEX, en el Tratado bilateral entre España y Marruecos y en la legislación europea e internacional; en el segundo observamos con preocupación el trato ofrecido por parte de la Guardia Civil a una persona inmigrante, de la que todavía se desconoce su estado de salud.

Además las entidades firmantes recuerdan que muchas de las personas que llegan a nuestras fronteras huyen de conflictos y graves violaciones de los derechos humanos y se les está negando el acceso al procedimiento de protección internacional. En lugar de garantizar su derecho a pedir asilo, se les recibe con concertinas y se les devuelve a Marruecos de forma irregular donde son víctimas de violaciones de sus derechos humanos y no se les garantiza una adecuada protección.

Al mismo tiempo, recuerdan que la exigencia del cese en la vía de hecho de las devoluciones irregulares ha sido solicitado por éstas y otras organizaciones a través de peticiones explícitas a los delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla los pasados 4 de marzo y 7 de abril sobre las que no se ha obtenido respuesta, a través de escritos al Defensor de Pueblo y por medio de diversas acciones judiciales.

En este sentido, las entidades firmantes consideran que el nuevo panorama político europeo configurado después de las últimas elecciones debe considerar como prioritaria en su agenda no sólo la resolución de la problemática fronteriza aportando criterios de racionalidad a una política que está creando conflictos irresolubles, tanto humanos como institucionales, en los países de la frontera de la Unión Europea, sino que también debe contener la exigencia a los países miembros del cumplimiento de la legislación vigente estableciendo sanciones a quien incumpla la misma.

Las entidades firmantes quieren manifestar, una vez más, su preocupación por esta situación que se prolongada en los últimos 18 meses, recordando, que de nada servirán políticas que sólo abogan por el rechazo sistemático y frecuentemente violento de los que buscan en Europa las oportunidades que sus respectivos países les niegan y donde en muchas ocasiones son víctimas de persecución. Sólo podremos dar una solución a este problema si planteamos un diálogo serio que aborde la problemática de los flujos migratorios desde una perspectiva global, prevaleciendo ante todo la protección de los Derechos Humanos y la transparencia y el respeto a la legislación nacional e internacional, evitando siempre cualquier tipo de medida coercitiva.

Por último, estas organizaciones recuerdan al Gobierno que el Estado, o cualquier agente queesté al servicio de éste, no pueden saltarse los acuerdos y tratados internacionales por lo que exigen de forma inmediata el fin de esta práctica ilegal, que se investiguen los hechos de este vídeo, así como que se depuren las responsabilidades pertinentes.

ENTIDADES ADHERIDAS:

Andalucía Acoge Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía CEAR Federación SOS Racismo Amandala Asociación Elín Foro Gallego de Inmigración Fundación Sevilla Acoge AVV  Lanuza Casco Viejo (Zaragoza) Asociación Libre de Abogados Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona Tanquem els Cies Médicos del Mundo Red Acoge Asociación de los Inmigrantes Senegaleses en España – AISE Asociación Consorcio de Cooperación Iglesia Evangélica Española Coordinadora de Barrios Pueblos Unidos San Carlos Borromeo Asociación Integrando Movimiento Tierra y Libertad Red Jurídica Sociedad Cooperativa Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos Grupo de Acción Comunitaria Entrepueblos Mujeres de Negro ADSP – Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans 31.  Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona, del Colegio de Abogados de Barcelona Fundación Acción Pro Derechos Humanos Círculo de Silencio de Madrid Plataforma A Desalambrar Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid Campaña Estatal por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros SOS Racismo Madrid; Comisión CIE Ferrocarril Clandestino Ruta contra’l Racismu y la Represión CIEs NO Valencia Africanos en Valencia – AVSA Antifeixistes PV Asociación Entreiguales Asociación Martín Fierro A.V. Natzaret CEDSALA Colectivo Desalambrando Colectivo Roma Entrepueblos Psicólogos Sin Fronteras Grup d’Acció Comunitària AEDIDH, Col·lectiu Sense Papers Comunidades Cristianas Populares Foro Alternativo de la Inmigración HOAC Jarit Valencia Acoge Semàfor Roig Sodepau Intersindical valenciana Colectiu Sud-Cacarica Asociación Candombe CNT-Valencia Mesa d’Entitats de Solidaritat amb les i els migrants Plataforma Somos Migrantes de Sevilla Asociación Voluntariado Claver Coordinadora de Barrios de Murcia Arankoa Despacho Jurídico Asociación Apoyo -  Madrid -

Ver video: http://vimeo.com/109091397

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ANTE LA REDADA EUROPEA CONTRA PERSONAS MIGRANTES PREVISTA DEL 13 AL 26 DE OCTUBRE

control Tirso 15jul2014 caras pixeladasEl Consejo Europeo ha organizado de nuevo un operativo continental de captura de personas migrantes, al que ha denominado Mas Maiorum.
El  supuesto objetivo es “recopilar información relevante con el fin de investigar y desarticular grupos de crimen organizado”
España ha confirmado su participación en el operativo sin dar más información ni señalar los procedimientos que seguirá este operativo policial en el país.

Treinta y siete entidades del Estado Español exigen el absoluto respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, garantizando que no va a ser sometidos a identificaciones ni detenciones arbitrarias y que bajo ningún concepto se van a aplicar criterios de perfil racial o étnico.
Denuncian la política de cierre y control de fronteras y sus consecuencias y que los instrumentos de control, como este operativo son utilizados para justificar redadas con un claro perfil racial (absolutamente ilegales).
Informan que realizaran labores de vigilancia y observación de los Derechos Humanos así como denunciaran públicamente cualquier atentado contra los mismos que pudiera darse durante el operativo.

Ver comunicado: Comunicado entidades sobre operación Mos Maiorum 12-10-14

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Un ’sin papeles’, detenido en Urgencias adonde había llevado a su hija de 14 años

En Zaragoza un inmigrante colombiano fue a primeros de septiembre por la policía en el servicio de Urgencias del hospital Materno Infantil de Zaragoza, a donde había llevado a su hija de 14 años que sufría unos fuertes dolores. “A mi papá lo detuvieron delante de todo el mundo como si fuera un delincuente”, afirmó la niña tras presenciar la detención en la sala de espera.

Jorge Salazar Ospina, colombiano, está en pleno proceso de renovación de su tarjeta de residencia, un documento que seguramente iba a conseguir, ya que cumplía con todos los requisitos. Entre ellos, tener una oferta de trabajo en territorio nacional o estar casado con una mujer que tiene la doble nacionalidad.

El inmigrante tuvo que identificarse cuando llegó al hospital con su hija y poco después dos agentes de la Policía Nacional lo detuvieron para llevarlo al Centro de Internamiento para Extranjeros, desde donde podría ser repatriado.

Su abogado afirma que “una infracción administrativa no valida una detención ni una retención”, y resalta que era una persona fácilmente localizable, por lo que no era necesario hacer un arresto en el hospital y menos aún delante de una menor a la que han causado un sufrimiento psicológico”.

Fuente: http://www.grupotortuga.com/Zaragoza-Un-sin-papeles-detenido

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NOTA DE PRENSA de resupesta a la CIRCULAR 6/2014 sobre criterios para solicitar el ingreso de ciudadanos extranjeros en los centros de internamiento realizada por la Campaña por el Cierre de los CIEs.

centro de internamiento de Madrid
Respuesta a la Circular 6/2014 sobre criterios para solicitar el ingreso de ciudadanos extranjeros en los centros de internamiento.

El ingreso en los CIE, desde la creación de los mismos se cotemplaba como una medida cautelar a efectos de garantizar la expulsión de las personas que se encuentran en situación administrativa irregular. Si bien consideramos que el internamiento se trata de una medida desproporcionada para el fin perseguido, entendemos la emisión de esta Circular como una mera operación de maquillaje.

La Circular simplemente vuelve a dejar por escrito lo que debería haberse cumplido durante todo este tiempo. La jurisprudencia constitucional* ya configuró el internamiento como medida excepcional en 1987 y si no se ha cumplido la legalidad hasta ahora no ha sido por falta de una Circular, sino por una absoluta falta de voluntad política e interés en el respeto de los derechos humanos de las personas migradas. La emision de esta Circular supone, por lo tanto, una autoinculpación en toda regla, el reconocimiento de que hasta ahora no se ha cumplido esta legalidad.

La Circular explicita cómo durante años se ha internado a personas que de acuerdo con la ley serían no expulsables; mujeres embarazadas, personas enfermas, personas con cuyo país de origen el Estado español no tiene acuerdos de repatriación, personas que pudieran encontrarse en situación de solicitar asilo, personas con hijos, etc. Así, la Circular reconoce que en los 29 años de vigencia de la LOEX miles y miles de personas han sido capturadas e internadas de forma ilegal e ilegítima, aún sabiendo que no iban a ser expulsadas. En otros casos, han terminado siendo expulsadas por un entramado burocrático sordo y ciego a la violación de derechos que produce con su actividad.

Los argumentos que motivan la Circular responden exclusivamente a criterios de eficiencia y no a una voluntad real de ampliar las garantías en los procedimientos de internamiento y expulsión reduciendo las situaciones de sufrimiento que suponen. Por un lado se refiere al excesivo número de peticiones de internamiento por parte de la policía que resultan inviables, reconociendo la discrecionalidad imperante hasta ahora en su actuación. Por otro lado, apela a los medios limitados con los que cuentan los centros, constatando que el único criterio de fondo es “aumentar la eficiencia” del internamiento para agilizar las expulsiones forzosas del Estado Español.

Los Centros de Internamiento para Extranjeros no pueden ser pensados fuera de un entramado de frontera que actúa como un mecanismo represivo. Para llenar los CIE se realizan redadas racistas, para que los CIE se vacíen se utilizan contratos millonarios con compañías áreas como Air Europa y Swift Air. Resulta sorprendente que la Circular no de cuenta de en qué situaciones y de qué forma esas personas son identificadas y detenidas. La Campaña Estatal por el Cierre de los CIE ha denunciado en el libro “Paremos los vuelos: las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa” cómo las redadas por perfil racial conviven con redadas específicas por nacionalidad días antes a los vuelos programados por la Comisaría General de Fronteras. Las redadas no sólo han continuado sino que han mutado a pesar de todas las circulares emitidas.
Todas estas comunicaciones que se “filtran” buscan legitimar unas prácticas policiales que han sido duramente cuestionadas por la sociedad civil. Resultan a la práctica una forma de blindarse ante las críticas apelando a leyes que no sólo no se estarían cumpliendo sino que son muy cuestionables desde el punto del derecho internacional vigente y el respeto a la dignidad de las personas.
Finalmente, entendemos que las delcaraciones de la DGP sobre supuestos avances hacia modelos de actuación policial menos arbitrarios y más garantistas se están produciendo por la acción, la denuncia y las críticas vertidas desde las diversas organizaciones sociales. Todo ello en un contexto de pérdida de legitimidad de las redadas, los CIE y las deportaciones. Una trasformación que hay que emmarcar en un proceso irreversible que culminará con el cierre de los CIEs, ya que el único camino para el respeto de los derechos de las personas es su cierre inmediato.
Exigimos al Gobierno y al Ministerio del Interior un reconocimiento explícito a fin de reparar activa y efectivamente a todas las personas internadas de manera ilegal e injusta, y cuyos derechos no han sido respetados. Un reconocimiento a la memoria de todas las personas muertas en los CIEs: de Mohamed Abagui, de Idrissa Diallo, de Samba Martine, de Alik Manukyan, y de tantas otras para las que el internamiento o la deportación supuso la ruptura de sus proyectos de vida. de sus familias y amigos.
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“EXPULSIONES EN CALIENTE”: CUANDO EL ESTADO ACTUA AL MARGEN DE LA LEY INFORME JURÍDICO

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El informe jurídico “Expulsiones en caliente: cuando el Estado actúa al margen de la ley” pone de manifiesto que las “expulsiones en caliente” vulneran la legislación de extranjería y que no es posible modificar la legislación en vigor para dar cobertura legal a estas prácticas ya que vulneraría la normativa comunitaria y el derecho internacional.

Conclusiones del informe:
1. “Expulsiones en caliente” es la denominación que se aplica popularmente a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado consistente en la entrega a las autoridades marroquís por vía de hecho a los ciudadanos extranjeros que han sido interceptados por dichos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en zona de soberanía española sin seguir el procedimiento establecido legalmente ni cumplir las garantías internacionalmente reconocidas.
2. Las llamadas “expulsiones en caliente” vulneran lo dispuesto en la legislación de extranjería, ya que la legislación de extranjería no contempla la posibilidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado expulsen a ciudadanos extranjeros que están bajo su custodia mediante vías de hecho; los supuestos de ciudadanos extranjeros que intentan acceder al territorio nacional por puestos no habilitados y son interceptados en la  frontera o en sus inmediaciones, a lo sumo, pueden ser objeto de la devolución regulada en el artículo 58.3.b) LOEx; y esta devolución es una actuación administrativa reglada que exige el cumplimiento de una serie de requisitos como son el traslado de los ciudadanos extranjeros a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía; su identificación; el nombramiento de un abogado del turno de oficio y, en su caso, de un intérprete; una resolución de devolución acordado por el Subdelegado o el Delegado del Gobierno, según corresponda; y que el acto material de devolución se ejecute por parte del Cuerpo Nacional de Policía.
3. El concepto operativo de frontera utilizado por el Ministerio del Interior -consistente en considerar que en las playas españolas el ámbito territorial de soberanía lo representaría una imaginaria línea formada por los cuerpos de agentes de la Guardia Civil o que en las ciudades de Ceuta y Melilla la zona de soberanía española comienza cuando se atraviesa la valla interior de protección carecen de cualquier cobertura legal‐ no resulta jurídicamente asumible para sustentar la legalidad de las llamadas “expulsiones  en caliente”, ya que los  conceptos de frontera y zona territorial de soberanía son de carácter estrictamente jurídico y están regulados en la normativa correspondiente, careciendo de cualquier cobertura legal la ficción en que se basa este concepto “operativo” de frontera; y cualquier actuación de la Administración que se desarrolle dentro o fuera de territorio nacional es una actividad realizada por funcionarios públicos españoles en el ejercicio de sus cargos que está sometida a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico español, por lo aunque se sostuviera que los ciudadanos extranjeros han sido interceptados fuera de territorio  nacional, las “expulsiones en caliente” no quedan excluidas de la aplicación de la legislación de extranjería, al concretarse en la entrega de ciudadanos extranjeros por parte de las autoridades nacionales desde territorio español a autoridades de un país tercero.
4. La interceptación en territorio español de personas que hayan entrado clandestinamente en España por puesto no habilitado no justifica la aplicación de las llamadas “expulsiones en caliente”. Al contrario, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el particular, lo procedente para estos supuestos es la aplicación del procedimiento de expulsión con las garantías que le son inherentes.
5. El Acuerdo hispano-marroquí de readmisión no justifica la aplicación de las llamadas “expulsiones en caliente” por no ser susceptible, en función de la materia que regula, de excepcionar la aplicación de los procedimientos establecidos en la legislación de extranjería. Al contrario, este Acuerdo establece nuevas obligaciones para la ejecución materia de estas entregas de ciudadanos extranjeros que también se están incumpliendo.
6. No existe la posibilidad de proceder a una modificación legislativa para dar cobertura  legal  a las “expulsiones en caliente”, tal como se están ejecutando actualmente, toda vez que vulneran la normativa de la Unión Europea y el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente la referidas al ejercicio del derecho de asilo y protección jurídica internacional, la prohibición de expulsiones colectivas y el principio de no devolución.
7. Las decisión, ejecución, y colaboración activa y pasiva con las “expulsiones en caliente” incurriría en responsabilidad penal y disciplinaria. Son distintos los tipos penales en que podrían subsumirse estas conductas como son, entre otros, el delito de coacciones (art. 172 CP); los delitos de funcionarios públicos de privación de asistencia letrada (art. 537 CP), de privación del ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes (art. 540 CP), o de prevaricación (art. 404 CP). Sin que, por otra parte, puedan operar respecto de los mismos las circunstancias excluyentes de la responsabilidad referidas a la obediencia debida, ejercicio legítimo del cargo o el desconocimiento de la ilicitud del hecho. Además, todo ciudadano está obligado a denunciar los delitos que presencie o de los que tenga conocimiento (arts. 259, 262, 264 LECrim), incurriendo incluso en un delito del 450 CP quien pudiendo evitar estas prácticas no lo haga, y en un delito del art 408 CP la autoridad o funcionario público que deje de promover intencionadamente su persecución.
8. No resulta posible, como parece pretender el Ministerio del Interior, utilizar atajos en abierta contradicción con la normativa nacional, europea e internacional, con el pretexto de mayor eficacia y eficiencia en una política migratoria focalizada principalmente en el control de los flujos humanos, movidos mayoritariamente por flagrante necesidad. Ello constituye un atentado a los valores superiores de la Constitución y a los más elementales principios éticos en que se asienta nuestra cultura. El Estado de Derecho reclama como elemento legitimador la protección de los derechos humanos como satisfactor institucionalizado de las necesidades humanas. Vulnerar los derechos pone en peligro no sólo a las víctimas de este desafuero, también compromete la dignidad moral de nuestras democracias y desde luego la de quienes, muchas veces en contra de su conciencia, se ven obligados a cumplir órdenes manifiestamente ilícitas de las que podrían derivarse responsabilidades personales. Como decía Nelson Mandela, todo lo que introduce el principio de discriminación negativa en lo político y en lo jurídico acaba degradando a quienes la padecen y, mucho más, a quienes la promueven o, al menos, la consienten.

INFORME COMPLETO:

http://eprints.ucm.es/25993/1/INFORME%20%20EXPULSIONES%20EN%20CALIENTE.%2027_6_2014%20%281%29.p

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Anulan los Tribunales multa a Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos

juicio BVODH abri l2014 (2)El 8 de Abril tuvo lugar la vista oral del recurso interpuesto por las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos (BVODH) contra la sanción impuesta por la Delegación de Gobierno de Madrid a una participante en las brigadas por ejercer la labor de observación.

Los hechos tuvieron lugar en febrero del 2012 en la Plaza de Oporto al identificar y denunciar la policía a las brigadistas que estaban documentando una redada racista. La Brigada Vecinal realizaba sus funciones de observación y documentación de las identificaciones de personas que efectúa la policía sin más motivo que el perfil étnico. Estas identificaciones son denunciadas por el colectivo y otras organizaciones con objeto acabar con la discriminación y la vulneración de la legalidad vigente que suponen.

A pesar de que el ambiente era tranquilo en la plaza y de que a requerimiento de los policías entregaron sus DNIs y expusieron tranquilamente en qué consistía su actuación, las participantes en la brigada fueron retenidas durante 40 minutos y posteriormente recibieron una sanción de 500 euros cada una con la acusación de haber infringido el articulo 23 h) de la Ley Organiza 1/1992 sobre Protección de la seguridad ciudadana que contempla como infracción “La provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana”.

Dado que los hechos desmienten esta acusación (y en la vista oral tres testigos así lo confirmaron), las sanciones fueron recurridas pidiendo su nulidad por vulneración de los principios de presunción de inocencia, tipicidad y proporcionalidad, así como la vulneración del derecho fundamental de libertad de expresión.

La sentencia anula la sanción por ser disconforme a derecho, ya que fue impuesta en base a informaciones aportadas por los agentes de la autoridad sobre hechos sancionables no ratificados por los mismos y negados por la imputada. Según jurisprudencia, por ello carecen del valor jurídico requerido como prueba de cargo, prevaleciendo frente a aquellas informaciones la presunción de no existencia de responsabilidad garantizada por la Ley.

La sentencia señala además que en este caso la resolución se apoya en extremos no relatados en la denuncia. Dicha resolución se fundamenta en un informe emitido por la Brigada Provincial de Información referido al “modus operandi” de las BVODH cuyo contenido es distinto a la denuncia y al relato de las actuaciones policiales.

Declara que por tanto la resolución se ha adoptado sin que la Administración haya demostrado la existencia de responsabilidad administrativa, incurriendo en vicio de invalidez que determina su anulación.

Es la segunda multa impuesta a participantes en las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos anulada por los tribunales.

Las sanciones representan un intento de la Delegación de Gobierno de amedrentar al colectivo que defiende los Derechos Humanos, así como de coaccionarnos para evitar la denuncia de los controles racistas.

Señalamos que en la actualidad se siguen produciendo las redadas y que representan una violación del derecho a la igualdad y no discriminación, causando muy serios efectos negativos en las personas que son objeto de paradas policiales sin más motivo que su aspecto de extranjeras.

Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos celebramos el fallo y esperamos que sirva para que la Delegación de Gobierno respete la defensa de los derechos humanos, reconozca su legalidad y ceje el acoso.

Manifestamos nuestra decisión de seguir defendiendo el fin de las redadas racistas.

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Colectivos sociales protestan contra las “leyes mordaza”

Denuncia contra la nueva ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código PenalColectivos sociales agrupados en la red No Somos Delito denunciaron y rechazaron los proyectos de reforma del Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana y Ley de Seguridad Privada, conocidos como “leyes mordaza” en la Puerta del Sol en Madrid el día 24 de mayo.

Hay más información, donde se explica con rigor y sencillez en que consisten los proyectos de reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana e iniciativas para parar dichos proyectos, en la web de la Plataforma No Somos Delito y en su página de Facebook.

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Denuncia de Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos sobre fronteras de Ceuta y Melilla

Protesta en Madrid contra los muertos de Ceuta

Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos denunciamos las agresiones a las que son sometidas las personas que tratan de acceder al Estado Español a través de las fronteras de Ceuta y Melilla y el blindaje jurídico que el Ministerio del Interior está articulando para evitar que estas agresiones sean investigadas y juzgadas.

El hecho de que la libre circulación de las personas sea considerada un problema, y su solución encomendada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no hace otra cosa que criminalizar los flujos de población que siempre han existido y que son propios de las dinámicas humanas desde siempre.

Los intentos de entrada a través de estas fronteras van a continuar y actuaciones como las que se están realizando solo sirven para aumentar el sufrimiento de las personas que intentan llegar a Europa y envilecer a la sociedad que las consiente.

En una de sus últimas comparecencias el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha hablado del conflicto que se está generando en los pasos de Ceuta y Melilla. Pero en vez de comprometerse con el respeto a los derechos humanos, arbitrar medidas para que no se utilice la violencia y dar una explicación de las situaciones irregulares que se están registrando y que han sido ya denunciadas por numerosas organizaciones en defensa de los derechos humanos, ha presentado su nueva línea de trabajo. Esta no es otra que la creación de un grupo de expertos que ya está analizando toda la legislación española y comunitaria para blindar el trabajo de los agentes. En palabras del ministro, se trata de “dar más seguridad jurídica a la actuación de la Guardia Civil para que no la pueda cuestionar nadie”.

A pesar del blindaje legal que el Ministro quiere dar a las actuaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado, Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos
denunciamos, una vez más, las agresiones que sufren los migrantes. Creemos que prácticas como la fortificación de fronteras con concertinas, los vuelos de deportación, el internamiento en CIES, el uso de pelotas de goma contra quienes acceden a nado a las costas o el uso de gases lacrimógenos, gases pimienta y hasta extintores para repeler a las personas que tratan de acceder a territorio español, entran dentro del tipo de acciones que vulneran los derechos humanos fundamentales, independientemente del marco legal bajo el que se analicen.

En este sentido, instamos a que estas prácticas sean prohibidas y perseguidas como actos criminales en vez de buscar marcos legales que las justifiquen e impidan que sean denunciadas.

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Análisis del Reglamento para el funcionamiento, régimen interno y organización de los Centros de Internamientos de Extranjeros a partir de la aprobación del Real Decreto 162/2014

(Elaborado por la Plataforma Cerremos los CIEs)

Este texto se estructura a partir de los capítulos del documento del Reglamento.

1. Estructura de los Centros de Internamiento de Extranjeros

El nuevo Reglamento mantiene el Cuerpo Nacional de Policía como garante de los derechos de las personas migrantes. La organización interna de los CIE recae en la figura del Director y en una Junta de Coordinación en la que se integra el Director, el administrador, los responsables de seguridad, de asistencia sanitaria y social y el secretario de dirección.

2. Asistencia sanitaria, social y cultural a las personas internas

En cuanto a la asistencia sanitaria, se abre la posibilidad de externalizar la función de hospitalización y asistencia especializada a entidades privadas, restringiendo así el derecho fundamental a la salud universal. De esta forma se transfiere una gestión básica que debería asumir el Estado, derivándola a intereses privados con una lógica de mercado, por la que pueden primar los intereses económicos por encima de les necesidades de las personas más vulnerables.

Por otro lado se prevé que la decisión última de ingreso hospitalario de una persona interna a recomendación del servicio de asistencia médica recaiga sobre la figura del Director, interponiendo un trámite burocrático añadido que dificulta todavía más la asistencia en casos de urgencia. Entendemos que, por un lado, esta decisión se debería regir estrictamente por criterios médicos y no por las decisiones de un funcionario policial no formado en materias de salud. Por otro lado, que en el caso de vulneraciones de derechos, será el mismo Cuerpo de la Policia Nacional – quien a su vez potencialmente habrá cometido los abusos – quien permitirá el ingreso hospitalario, situación que deja a la persona interna en una posición de vulnerabilidad extrema.

Finalmente, los planes en materia de asistencia social y cultural recaerán sobre la figura del Director por encima de la figura del trabajador social, y por tanto será aquél quien en última instancia decidirá cuál es la asistencia ofrecida. Pese a que el Reglamento enumera una lista de derechos de las personas internas como el derecho a la integridad física, no ser sometido a tratos degradantes y otros, no se establece ningún cambio estructural y organizativo que evite hechos como los ya denunciados hasta ahora.

3. Quejas y peticiones

En el Reglamento se establece la forma de realizar peticiones y quejas respecto al funcionamiento del Centro. Éstas quedan registradas en el llamado ” libro de registro”, que quedará custodiado en el Centro por parte del secretario del Director, violando así el derecho a la confidencialidad de las personas internas.

Es intolerable el hecho de que las conducciones de las personas internas a los juzgados, incluyendo casos en que se denuncia la propia actuación de la Policía Nacional, recaigan sobre los mismos agentes que custodian los CIE.

4. Régimen de visitas de familiares

El régimen de visitas irá descrito al régimen interior y no a la ley aprobada. Este dependerá de cada CIE y su Junta de Coordinación y podrá ser modificado por el Director a petición del administrador. Nos encontramos ante otra medida que queda en manos de la figura del director y será determinada de manera completamente arbitraria.

5. Medidas de seguridad y coercitivas contra las personas internas

De acuerdo con lo dispuesto en el Título VI del Reglamento , la vigilancia interior de los Centros se relitzarà mediante circuitos cerrados de televisión, pero se concibe como una opción y no como una obligación. Por tanto, existirá la posibilidad de que haya CIEs con cámaras de seguridad y otros sin, ya que la adopción de medidas de vigilancia dependerá de cada Centro, ofreciéndoles un margen de maniobra totalmente arbitrario y discrecional.

En segundo lugar y en relación a las armas de fuego, se regulan las zonas donde no puede haber, sobreentendiendo que en todo el resto de zonas sí que se presta servicio armado. Pensamos que el hecho de llevar armas de fuego va mucho más allá de la limitación de la libertad ambulatoria de los internos y que funciona como una medida coaccionadora.

En tercer lugar, el texto prevé que la forma y periodicidad de las inspecciones de las instalaciones, incluyendo las dependencias comunes, los dormitorios de los internos, así como sus efectos personales, recaigan en la figura del Director del Centro quien deberá dictar estas normas.

Por otra parte, recae en el Director de cada CIE la autorización previa en los registros personales de los internos, incluso cuando se proceda al desnudo integral que, en casos de urgencia o extraordinaria necesidad, no necesitará su autorización.

Una vez más, el Director del CIE será el encargado de aprobar los medios de contensió física individual, así como la separación preventiva del interno en una habitación individual, entendiéndose ésta como una celda de aislamiento, sin establecerse la obligatoriedad de instalar cámaras de vigilancia, ya que el texto sólo dispone que deberán ser de análogas características que las ordinarias. Hay que poner de relieve que los malos tratos sufridos por los internos a lo largo de todos estos años se han producido en más de una ocasión en espacios donde no existían cámaras de videovigilancia. Es por ello que, mientras no existan unas medidas que eviten el conflicto, la impunidad seguirá reinando en los CIE . Y que las decisiones sobre una materia tan sensible como la seguridad dependa de cada Director de Centro, y no vengan ordenadas por una norma legal, perpetúa la arbitrariedad y discrecionalidad que hasta ahora reinaban en los CIE.

6. Limitaciones a las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos

Las personas que formen parte de organizaciones de defensa de los derechos humanos deberán ser autorizados por el director del centro para poder visitar a los internos. Además, la persona visitante deberá presentar al director una copia de los estatutos de la organización, un certificado de pertenencia a la misma y por último el objetivo de la visita.

Esta maniobra no es más que un intento de limitar la asistencia que pueden recibir las personas internas, poniendo trabas burocráticas a las visitas y un control absoluto de lo que en ellas se habla. Así, se continúa perpetuando la opacidad de los CIE y la imposibilidad de que las Organizaciones de Derechos Humanos realicen una tarea de supervisión del Centro en materia de garantía de los Derechos Fundamentales.

7. Régimen interior del centro

A pesar de ser centros estatales dependientes del Ministerio del Interior, cada centro tendrá un régimen interior diferente redactado por las diferentes juntas de coordinación . En este régimen interior habrá temas tan importantes como los horarios de visitas, planes de asistencia social y planes de ocio que afectan a las personas internas. De esta manera el Reglamento aprobado es un marco para que cada junta dicte su propio reglamento interno, incurriendo en agravios comparativos entre CIE y perpetuando la falta de transparencia de las normas de los CIE.

8. Centros de ingreso temporal o provisional

Cuando sucedan condiciones de emergencia que desborden la capacidad de los centros, se podrán habilitar otros centros de ingreso temporal o provisional, en principio en unas condiciones similares a las de los CIE. Este artículo además de ambiguo resulta muy peligroso, dado que no se especifica qué centros podrán ser candidatos a cumplir las funciones de los CIE con las consecuencias que esto puede suponer para las personas internas.

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Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos, recurso contra sanción

Miércoles 8 de abril Juzgado Contencioso Administrativo 31, Gran Vía 52

EL 8 DE ABRIL DE 2014, SE REALIZARÁ LA VISTA EN LOS JUZGADOS DEL RECURSO INTERPUESTO CONTRA LA SANCIÓN A UNA PARTICIPANTE EN LAS BRIGADAS VECINALES DE OBSERVACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS POR OBSERVAR Y DOCUMENTAR UNA REDADA RACISTA EN LA PLAZA DE OPORTO EN FEBRERO DE 2011.

En febrero de 2011 Delegación de Gobierno sancionó a varias participantes de colectivo
cuándo durante el trascurso de una brigada en Oporto trataban de documentar una redada racista que estaba teniendo lugar.

La policía sancionó así la actividad cotidiana de Brigadas Vecinales de Observación de los
Derechos Humanos consistente en visibilizar, denunciar y documentar las redadas e identificaciones racistas que tienen lugar en las calles criminalizando y hostigando de esta
manera al colectivo.

Estas redadas establecen controles de identificación de personas extranjeras en lugares
públicos en base a criterios racistas, xenófobos y clasistas. Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos han documentado más de 2000 redadas desde que comenzaran su actividad en diciembre de 2009.

Por este trabajo de visibilización, documentación y denuncia han sido objeto del acoso y
hostigamiento a través de sanciones por parte de la policía y Delegación de Gobierno, que
como muchos otros vecinos y vecinas, denuncian y por el cual se han impuesto sanciones económicas por un total de 3500 euros, recurridas ante los tribunales de justicia ordinarios, e incluso denunciadas penalmente resultando posteriormente absueltas.

Este recurso cuya vista tendrá lugar a las 10 am en el Juzgado Contencioso Administrativo número 33 el día 8 de abril, se basa en que las sanciones intentan ser un castigo cuyo único objetivo es silenciar la denuncia de los controles de identidad por perfil étnico y criminalizar la respuesta social. No parece casual que de las vistas que ocupan al citado Juzgado esa mañana, al menos once sean estén relacionadas con temas de migración.

Por ello miembros del colectivo estarán en la puerta del juzgado para apoyar a la compañera sancionada y denunciar la existencia de estas redadas e identificaciones racistas, así como de todo un engranaje de represión hacia las personas migrantes.

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