Desmentido a la desinformación de EL PAIS sobre Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos

A la atención de

Antonio Caño, director de El País y Luis Meyer, redactor

Desde Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos nos dirigimos a ustedes para exigir la rectificación de la información que sobre nuestro colectivo incluyeron en el artículo firmado por Luis Meyer con título ‘Por propia iniciativa’ de la sección de Madrid el domingo 15 de noviembre de 2014.

Entre las iniciativas ciudadanas que citan, incluyen la nuestra sobre la que señalan: ‘Acompañan a los policías en la zona de Antón Martín durante las redadas anti inmigración, para supervisar que los agentes realizan su trabajo conforme a la legalidad’.

Esta afirmación es del todo equívoca y en absoluto refleja nuestra práctica. Ni acompañamos a los policías, ni nos organizamos sólo en Antón Martín ni supervisamos a los agentes. Muy por el contrario, nuestro objetivo es acabar con las actuaciones manifiestamente ilegales, discriminatorias y racistas que las fuerzas de seguridad del Estado llevan a cabo de manera sistemática y continuada en los controles de identidad realizados en la vía pública, a través de la visibilización, la documentación y la denuncia de las mismas.

Las redadas racistas constituyen uno de los eslabones de una política migratoria que vulnera los derechos humanos en forma reiterada con los centros de internamiento de extranjeros, los vuelos de deportación o las vallas de la vergüenza. Esta política es la que genera la respuesta organizada de la sociedad civil tomando cuerpo en múltiples acciones desde la denuncia pública, las demandas judiciales, iniciativas legislativas o la propia desobediencia civil que ejercemos.

Consideramos que este planteamiento nada tiene que ver con lo reflejado en el artículo publicado por su periódico. Por ello solicitamos que se publique, con la misma extensión y visibilidad, la corrección de errores que corresponde.

Atentamente

Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos

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Contra las devoluciones en caliente más de un centenar de organizaciones sociales

no a la devoluciones en calienteFRONTERA SUR: ¿HASTA DONDE ESTÁN DISPUESTOS A LLEGAR?
Más de un centenar de organizaciones piden parar la reforma de la Ley de Extranjería que pretende legalizar las devoluciones ilegales.

El texto fué entregado a los portavoces de los grupos paralamentarios el día 17 de noviembre.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha introducido una enmienda al Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana con el fin de reformar la ley de Extranjería y dar cobertura legal a las denominadas “devoluciones en caliente”, a pesar de ser contrarias a nuestra Constitución, al Derecho comunitario y al Derecho internacional de los derechos humanos.
Dichas prácticas, consistentes en la entrega a Marruecos por la vía de hecho, al margen de los procedimientos legalmente establecidos y sin cumplir las garantías internacionalmente reconocidas, de personas interceptadas en territorio de soberanía nacional, han conmocionado a la opinión pública nacional y manchado la imagen internacional de España.  Han sido cuestionadas públicamente con dureza por instituciones como el Defensor del Pueblo, el Consejo General de la Abogacía Española, asociaciones de  jueces y fiscales, la Conferencia Episcopal Española, juristas de reconocido prestigio, por la Comisión Europea, así como por organismos internacionales como el Consejo de Europa, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y otros organismos de protección de los derechos humanos. Esta unanimidad en la crítica debería hacer reflexionar a sus señorías sobre el despropósito de semejante enmienda. Conviene no olvidar que, además, estas prácticas han dado lugar a la imputación penal de altos cargos civiles y militares.
A pesar de todo ello, el Ministerio del Interior, a través del Partido Popular en el Congreso, pretende legalizar tales prácticas reformando la Ley de Extranjería mediante de una enmienda a otra ley en un avanzado estado de tramitación: el Proyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana -que a su vez constituye un intolerable intento de cercenar derechos civiles y libertades públicas, criminalizando la protesta social-. Este modo de proceder constituye un auténtico fraude en cuanto excluye la posibilidad de dictamen de los órganos constitucionales e impide el debate político, jurídico y social de una reforma de tan hondo calado, demostrando el nulo talante democrático de sus promotores.
En cuanto al contenido, dicha enmienda no debe prosperar por suponer una vulneración de la Constitución, del Derecho comunitario y de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en lo que se refiere al ejercicio del derecho al asilo y protección subsidiaria, la prohibición de expulsiones colectivas, el principio de no devolución y los derechos de protección del menor. La entrega a Marruecos de ciudadanos extranjeros por la vía de hecho, sin audiencia, sin identificación, sin resolución individualizada, impide el ejercicio de derechos reconocidos internacionalmente. Además de conllevar el riesgo cierto de incremento de la violencia en la Frontera Sur, supone dinamitar uno de los pilares del Estado de Derecho: el sometimiento de la Administración a la ley y la posibilidad de control judicial de su actuación.    Diputados y Diputadas, Senadores y Senadoras, apelamos a su humanidad. Defiendan los derechos humanos y el cumplimiento de la legalidad internacional. No acompañen al Ministerio del Interior en esta huida hacia delante que compromete la dignidad moral de nuestra sociedad, nos aleja de la civilización y nos despeña por la pendiente de la barbarie. Paren la reforma de la Ley de Extranjería.

Para ver el manifiesto con todas las firmas:

MANIFIESTO entidades sociales contra las devoluciones en caliente

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Vista judicial del recurso contra sanción a Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos.

Brigadas-Vecinales-DDHH- juicioVista judicial del recurso contra sanción a Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos.

Lunes 27 de octubre de 2014, 9.30, Juzgado Contencioso Administrativo 20, Gran Vía 19

EL 27 DE OCTUBRE DE 2014, SE REALIZARÁ LA VISTA EN EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL RECURSO INTERPUESTO CONTRA LA SANCIÓN A UNA PARTICIPANTE EN LAS BRIGADAS VECINALES DE OBSERVACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS POR OBSERVAR Y DOCUMENTAR UNA REDADA RACISTA EN LA PLAZA DE OPORTO EN FEBRERO DE 2111.

En febrero de 2011  Delegación de Gobierno sancionó a varias participantes del colectivo cuando éstas, en el transcurso de una brigada, trataban de documentar  una redada racista  en la Plaza Valle del Oro de Oporto.

La policía sancionó la actividad cotidiana de Brigadas Vecinales de Observación de Derechos consistente en visibilizar, denunciar y documentar las redadas e identificaciones racistas que tienen lugar en las calles; en un intento de criminalizar y hostigar la labor y al colectivo.

Estas redadas consisten en realizar controles de identificación de personas extranjeras  en lugares públicos en base a criterios racistas, xenófobos y clasistas. Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos han documentado en la ciudad de Madrid, más de 2000 redadas desde que comenzaron su actividad en diciembre de 2009.

Por este trabajo de visibilización, documentación y denuncia han sido objeto del acoso y hostigamiento a través de sanciones impuestas por parte de la policía y Delegación de Gobierno. Debido a esta denuncia social, también realizada por muchos otros vecinos y vecinas, se les ha impuesto sanciones económicas que ascienden a un total de 3500 euros, que han sido recurridas ante los tribunales de justicia (que han anulado las sanciones en los juicios ya realizados) e incluso denunciadas penalmente resultando posteriormente absueltas.

Este recurso, cuya vista tendrá lugar a las 9:30  en el Juzgado Contencioso Administrativo número 20 el día 27 de octubre, está basado en dar respuesta a unas sanciones que intentan  ser castigo y cuyo único objetivo es silenciar la denuncia de los controles de identidad por perfil étnico y criminalizar la respuesta social.

Información en http://brigadasvecinales.org
email: brigadasvecinales_ddhh@nodo50.org

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CARABANCHEL UN CENTRO POR LA MEMORIA, CONTRA LA REPRESION DE AYER Y HOY. MANIFESTACION 26 DE OCTUBRE 12 HORAS

carabanchel_carcel_cieMANIFESTACION POR EL CIERRE DEL CIE DE ALUCHE Y LA CREACION DE UN CENTRO DE MEMORIA HISTORICA EN LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA CARCEL DE CARABANCHEL

- Para reivindicar el cierre inmediato del CIE de Aluche y que sean reconocidos plenos derechos a todas las personas migrantes,
- Para que en ese edificio, antiguo hospital penitenciario y único edificio que han dejado en pie de la antigua cárcel de Carabanchel, se construya un CENTRO POR LA MEMORIA de la lucha contra el franquismo,

Diversos colectivos memorialistas y defensores de los derechos humanos, convocamos:

MANIFESTACIÓN DOMINGO 26 DE OCTUBRE A LAS 12HS
Lugar de salida: C/ Eugenia de Montijo 53, Madrid. (antigua cárcel de Santa Rita)

Madrid, a 22 de octubre, 2014.- El próximo domingo 26 de octubre, seis años después de la demolición de la Cárcel de Carabanchel, se convoca una manifestación para seguir denunciando la insensibilidad del gobierno hacia los derechos humanos y las reivindicaciones sociales de la ciudadanía.

El recorrido de la manifestación reproducirá aquel que hicieron más de 1.000 presos entre 1940 y 1944, para construir la cárcel de Carabanchel. Representativa de la represión hasta en sus cimientos, fue construida por el régimen franquista en condiciones de trabajo esclavo.

Reivindicaremos el cierre inmediato del CIE de Aluche y que sean reconocidos plenos derechos a las personas migrantes. Y para que en este edificio se construya el Centro por la Memoria de la lucha contra el franquismo y de la represión que este régimen ejecutó.

Con todo ello queremos honrar la memoria de quienes lucharon por recuperar la libertad y la justicia social, y lo hacemos reivindicando el derecho a la justicia, verdad y memoria de todas las víctimas del franquismo. Teniendo también presentes a las personas que en la actualidad ocupan este espacio represivo.

La manifestación incluirá una escenificación realizada por ex presos del franquismo y por inmigrantes, para visualizar en dos hilos de tiempo la represión de ayer y la de hoy.

Al final del recorrido se leerá un manifiesto, contaremos con la música de La Solfónica y se expondrán nuevos murales entre los que participa ALTO, artista colaborador habitual de causas por la Memoria, y quien colgará un mural inspirado en el lema de la manifestación.
Relación de colectivos convocantes:

La Comuna Presxs del Franquismo, Asociación para la Memoria Histórica, Asociación 1º de Mayo, SOS Carabanchel, Asociación Pro Derechos Humanos España, Asociación de Vecinos Carabanchel Alto, Ateneo Republicano de Carabanchel, Foro por la Memoria Comunidad de Madrid, Agrupaciones del Pce-Pcm de Carabanchel y Latina, CUO Dolores Ibárruri – UJCE Carabanchel, Parroquia San Carlos Borromeo, Círculo Ciudadano de Inmigrantes Podemos, PC (m-l), Republicanos Moratalaz – Vallekas, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida (Latina), Asociación Integrando y el Movimiento Tierra y Libertad Madrid, SOS Racismo Madrid (Miembro de la Campaña por el Cierre de los CIE),
Comisión Cerremos los CIE del Ferrocarril Clandestino, Podemos Carabanchel-Latina, Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos

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Las Brigadas Vecinales en las calles frente al operativo ‘MOS MAIORUM’

Brigada Mos MaiorumEntre el 13 y  26 de Octubre se desarrolla el operativo continental de captura e interrogación de personas migrantes el llamado “Mos Maiorum”, dispuesto por el Consejo Europeo y en el que participa el Estado español.

Su supuesto objetivo es “recopilar información relevante con fin de investigar y desarticular grupos de crimen organizado”.
La asociación entre el crimen y las migraciones, basada en premisas falsas, es un ataque más a los derechos fundamentales  y la dignidad de las migrantes  y ponen en peligro su seguridad jurídica y personal.
Numerosos colectivos hemos denunciado la intención de  justificar con este dispositivo identificaciones por perfil racial, ilegítimas e ilegales, y detenciones arbitrarias.
Por todo ello, las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, hemos estado en las calles, ejerciendo labores de vigilancia y observación de los Derechos Humanos.

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70 entidades instan al poder judicial y a la UE que investiguen de oficio la violencia y devoluciones en Melilla

 melilla-15-de-octubreTras el intento de entrada de más de 200 personas en el pasado miércoles a través de la valla de Melilla, las 70 organizaciones firmantes de esta nota de prensa queremos mostrar nuestro absoluto rechazo a las prácticas llevadas a cabo por las autoridades españolas que, lejos de respetar la legislación nacional, europea e internacional y garantizar el respeto de los derechos humanos y el principio de no devolución, han devuelto una vez más de forma sumaria a personas que se encontraban en territorio español. A pesar de que estas devoluciones están siendo objeto de investigación por parte de los tribunales y que han llevado a la imputación del responsable máximo de la Guardia Civil de Melilla, las autoridades españolas siguen llevándolas a cabo para a expulsar a Marruecos a personas inmigrantes y potenciales refugiadas que llegan a nuestras fronteras.

Después de analizar los vídeos aportados por PRODEIN en los que se puede observar una probable expulsión sumaria, así como posibles agresiones a personas inmigrantes , las entidades firmantes instan de forma urgente al poder judicial, y a los órganos europeos de defensa de los Derechos Humanos, a que abran una investigación de oficio para aclarar estos hechos. A través del primer video se puede ver como de manera evidente una persona es expulsada de forma sumaria tras haber atravesado todas las vallas, sin tener acceso a las garantías previstas en la LOEX, en el Tratado bilateral entre España y Marruecos y en la legislación europea e internacional; en el segundo observamos con preocupación el trato ofrecido por parte de la Guardia Civil a una persona inmigrante, de la que todavía se desconoce su estado de salud.

Además las entidades firmantes recuerdan que muchas de las personas que llegan a nuestras fronteras huyen de conflictos y graves violaciones de los derechos humanos y se les está negando el acceso al procedimiento de protección internacional. En lugar de garantizar su derecho a pedir asilo, se les recibe con concertinas y se les devuelve a Marruecos de forma irregular donde son víctimas de violaciones de sus derechos humanos y no se les garantiza una adecuada protección.

Al mismo tiempo, recuerdan que la exigencia del cese en la vía de hecho de las devoluciones irregulares ha sido solicitado por éstas y otras organizaciones a través de peticiones explícitas a los delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla los pasados 4 de marzo y 7 de abril sobre las que no se ha obtenido respuesta, a través de escritos al Defensor de Pueblo y por medio de diversas acciones judiciales.

En este sentido, las entidades firmantes consideran que el nuevo panorama político europeo configurado después de las últimas elecciones debe considerar como prioritaria en su agenda no sólo la resolución de la problemática fronteriza aportando criterios de racionalidad a una política que está creando conflictos irresolubles, tanto humanos como institucionales, en los países de la frontera de la Unión Europea, sino que también debe contener la exigencia a los países miembros del cumplimiento de la legislación vigente estableciendo sanciones a quien incumpla la misma.

Las entidades firmantes quieren manifestar, una vez más, su preocupación por esta situación que se prolongada en los últimos 18 meses, recordando, que de nada servirán políticas que sólo abogan por el rechazo sistemático y frecuentemente violento de los que buscan en Europa las oportunidades que sus respectivos países les niegan y donde en muchas ocasiones son víctimas de persecución. Sólo podremos dar una solución a este problema si planteamos un diálogo serio que aborde la problemática de los flujos migratorios desde una perspectiva global, prevaleciendo ante todo la protección de los Derechos Humanos y la transparencia y el respeto a la legislación nacional e internacional, evitando siempre cualquier tipo de medida coercitiva.

Por último, estas organizaciones recuerdan al Gobierno que el Estado, o cualquier agente queesté al servicio de éste, no pueden saltarse los acuerdos y tratados internacionales por lo que exigen de forma inmediata el fin de esta práctica ilegal, que se investiguen los hechos de este vídeo, así como que se depuren las responsabilidades pertinentes.

ENTIDADES ADHERIDAS:

Andalucía Acoge Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía CEAR Federación SOS Racismo Amandala Asociación Elín Foro Gallego de Inmigración Fundación Sevilla Acoge AVV  Lanuza Casco Viejo (Zaragoza) Asociación Libre de Abogados Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona Tanquem els Cies Médicos del Mundo Red Acoge Asociación de los Inmigrantes Senegaleses en España – AISE Asociación Consorcio de Cooperación Iglesia Evangélica Española Coordinadora de Barrios Pueblos Unidos San Carlos Borromeo Asociación Integrando Movimiento Tierra y Libertad Red Jurídica Sociedad Cooperativa Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos Grupo de Acción Comunitaria Entrepueblos Mujeres de Negro ADSP – Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans 31.  Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona, del Colegio de Abogados de Barcelona Fundación Acción Pro Derechos Humanos Círculo de Silencio de Madrid Plataforma A Desalambrar Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid Campaña Estatal por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros SOS Racismo Madrid; Comisión CIE Ferrocarril Clandestino Ruta contra’l Racismu y la Represión CIEs NO Valencia Africanos en Valencia – AVSA Antifeixistes PV Asociación Entreiguales Asociación Martín Fierro A.V. Natzaret CEDSALA Colectivo Desalambrando Colectivo Roma Entrepueblos Psicólogos Sin Fronteras Grup d’Acció Comunitària AEDIDH, Col·lectiu Sense Papers Comunidades Cristianas Populares Foro Alternativo de la Inmigración HOAC Jarit Valencia Acoge Semàfor Roig Sodepau Intersindical valenciana Colectiu Sud-Cacarica Asociación Candombe CNT-Valencia Mesa d’Entitats de Solidaritat amb les i els migrants Plataforma Somos Migrantes de Sevilla Asociación Voluntariado Claver Coordinadora de Barrios de Murcia Arankoa Despacho Jurídico Asociación Apoyo -  Madrid -

Ver video: http://vimeo.com/109091397

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ANTE LA REDADA EUROPEA CONTRA PERSONAS MIGRANTES PREVISTA DEL 13 AL 26 DE OCTUBRE

control Tirso 15jul2014 caras pixeladasEl Consejo Europeo ha organizado de nuevo un operativo continental de captura de personas migrantes, al que ha denominado Mas Maiorum.
El  supuesto objetivo es “recopilar información relevante con el fin de investigar y desarticular grupos de crimen organizado”
España ha confirmado su participación en el operativo sin dar más información ni señalar los procedimientos que seguirá este operativo policial en el país.

Treinta y siete entidades del Estado Español exigen el absoluto respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, garantizando que no va a ser sometidos a identificaciones ni detenciones arbitrarias y que bajo ningún concepto se van a aplicar criterios de perfil racial o étnico.
Denuncian la política de cierre y control de fronteras y sus consecuencias y que los instrumentos de control, como este operativo son utilizados para justificar redadas con un claro perfil racial (absolutamente ilegales).
Informan que realizaran labores de vigilancia y observación de los Derechos Humanos así como denunciaran públicamente cualquier atentado contra los mismos que pudiera darse durante el operativo.

Ver comunicado: Comunicado entidades sobre operación Mos Maiorum 12-10-14

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Un ’sin papeles’, detenido en Urgencias adonde había llevado a su hija de 14 años

En Zaragoza un inmigrante colombiano fue a primeros de septiembre por la policía en el servicio de Urgencias del hospital Materno Infantil de Zaragoza, a donde había llevado a su hija de 14 años que sufría unos fuertes dolores. “A mi papá lo detuvieron delante de todo el mundo como si fuera un delincuente”, afirmó la niña tras presenciar la detención en la sala de espera.

Jorge Salazar Ospina, colombiano, está en pleno proceso de renovación de su tarjeta de residencia, un documento que seguramente iba a conseguir, ya que cumplía con todos los requisitos. Entre ellos, tener una oferta de trabajo en territorio nacional o estar casado con una mujer que tiene la doble nacionalidad.

El inmigrante tuvo que identificarse cuando llegó al hospital con su hija y poco después dos agentes de la Policía Nacional lo detuvieron para llevarlo al Centro de Internamiento para Extranjeros, desde donde podría ser repatriado.

Su abogado afirma que “una infracción administrativa no valida una detención ni una retención”, y resalta que era una persona fácilmente localizable, por lo que no era necesario hacer un arresto en el hospital y menos aún delante de una menor a la que han causado un sufrimiento psicológico”.

Fuente: http://www.grupotortuga.com/Zaragoza-Un-sin-papeles-detenido

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NOTA DE PRENSA de resupesta a la CIRCULAR 6/2014 sobre criterios para solicitar el ingreso de ciudadanos extranjeros en los centros de internamiento realizada por la Campaña por el Cierre de los CIEs.

centro de internamiento de Madrid
Respuesta a la Circular 6/2014 sobre criterios para solicitar el ingreso de ciudadanos extranjeros en los centros de internamiento.

El ingreso en los CIE, desde la creación de los mismos se cotemplaba como una medida cautelar a efectos de garantizar la expulsión de las personas que se encuentran en situación administrativa irregular. Si bien consideramos que el internamiento se trata de una medida desproporcionada para el fin perseguido, entendemos la emisión de esta Circular como una mera operación de maquillaje.

La Circular simplemente vuelve a dejar por escrito lo que debería haberse cumplido durante todo este tiempo. La jurisprudencia constitucional* ya configuró el internamiento como medida excepcional en 1987 y si no se ha cumplido la legalidad hasta ahora no ha sido por falta de una Circular, sino por una absoluta falta de voluntad política e interés en el respeto de los derechos humanos de las personas migradas. La emision de esta Circular supone, por lo tanto, una autoinculpación en toda regla, el reconocimiento de que hasta ahora no se ha cumplido esta legalidad.

La Circular explicita cómo durante años se ha internado a personas que de acuerdo con la ley serían no expulsables; mujeres embarazadas, personas enfermas, personas con cuyo país de origen el Estado español no tiene acuerdos de repatriación, personas que pudieran encontrarse en situación de solicitar asilo, personas con hijos, etc. Así, la Circular reconoce que en los 29 años de vigencia de la LOEX miles y miles de personas han sido capturadas e internadas de forma ilegal e ilegítima, aún sabiendo que no iban a ser expulsadas. En otros casos, han terminado siendo expulsadas por un entramado burocrático sordo y ciego a la violación de derechos que produce con su actividad.

Los argumentos que motivan la Circular responden exclusivamente a criterios de eficiencia y no a una voluntad real de ampliar las garantías en los procedimientos de internamiento y expulsión reduciendo las situaciones de sufrimiento que suponen. Por un lado se refiere al excesivo número de peticiones de internamiento por parte de la policía que resultan inviables, reconociendo la discrecionalidad imperante hasta ahora en su actuación. Por otro lado, apela a los medios limitados con los que cuentan los centros, constatando que el único criterio de fondo es “aumentar la eficiencia” del internamiento para agilizar las expulsiones forzosas del Estado Español.

Los Centros de Internamiento para Extranjeros no pueden ser pensados fuera de un entramado de frontera que actúa como un mecanismo represivo. Para llenar los CIE se realizan redadas racistas, para que los CIE se vacíen se utilizan contratos millonarios con compañías áreas como Air Europa y Swift Air. Resulta sorprendente que la Circular no de cuenta de en qué situaciones y de qué forma esas personas son identificadas y detenidas. La Campaña Estatal por el Cierre de los CIE ha denunciado en el libro “Paremos los vuelos: las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa” cómo las redadas por perfil racial conviven con redadas específicas por nacionalidad días antes a los vuelos programados por la Comisaría General de Fronteras. Las redadas no sólo han continuado sino que han mutado a pesar de todas las circulares emitidas.
Todas estas comunicaciones que se “filtran” buscan legitimar unas prácticas policiales que han sido duramente cuestionadas por la sociedad civil. Resultan a la práctica una forma de blindarse ante las críticas apelando a leyes que no sólo no se estarían cumpliendo sino que son muy cuestionables desde el punto del derecho internacional vigente y el respeto a la dignidad de las personas.
Finalmente, entendemos que las delcaraciones de la DGP sobre supuestos avances hacia modelos de actuación policial menos arbitrarios y más garantistas se están produciendo por la acción, la denuncia y las críticas vertidas desde las diversas organizaciones sociales. Todo ello en un contexto de pérdida de legitimidad de las redadas, los CIE y las deportaciones. Una trasformación que hay que emmarcar en un proceso irreversible que culminará con el cierre de los CIEs, ya que el único camino para el respeto de los derechos de las personas es su cierre inmediato.
Exigimos al Gobierno y al Ministerio del Interior un reconocimiento explícito a fin de reparar activa y efectivamente a todas las personas internadas de manera ilegal e injusta, y cuyos derechos no han sido respetados. Un reconocimiento a la memoria de todas las personas muertas en los CIEs: de Mohamed Abagui, de Idrissa Diallo, de Samba Martine, de Alik Manukyan, y de tantas otras para las que el internamiento o la deportación supuso la ruptura de sus proyectos de vida. de sus familias y amigos.
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“EXPULSIONES EN CALIENTE”: CUANDO EL ESTADO ACTUA AL MARGEN DE LA LEY INFORME JURÍDICO

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El informe jurídico “Expulsiones en caliente: cuando el Estado actúa al margen de la ley” pone de manifiesto que las “expulsiones en caliente” vulneran la legislación de extranjería y que no es posible modificar la legislación en vigor para dar cobertura legal a estas prácticas ya que vulneraría la normativa comunitaria y el derecho internacional.

Conclusiones del informe:
1. “Expulsiones en caliente” es la denominación que se aplica popularmente a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado consistente en la entrega a las autoridades marroquís por vía de hecho a los ciudadanos extranjeros que han sido interceptados por dichos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en zona de soberanía española sin seguir el procedimiento establecido legalmente ni cumplir las garantías internacionalmente reconocidas.
2. Las llamadas “expulsiones en caliente” vulneran lo dispuesto en la legislación de extranjería, ya que la legislación de extranjería no contempla la posibilidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado expulsen a ciudadanos extranjeros que están bajo su custodia mediante vías de hecho; los supuestos de ciudadanos extranjeros que intentan acceder al territorio nacional por puestos no habilitados y son interceptados en la  frontera o en sus inmediaciones, a lo sumo, pueden ser objeto de la devolución regulada en el artículo 58.3.b) LOEx; y esta devolución es una actuación administrativa reglada que exige el cumplimiento de una serie de requisitos como son el traslado de los ciudadanos extranjeros a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía; su identificación; el nombramiento de un abogado del turno de oficio y, en su caso, de un intérprete; una resolución de devolución acordado por el Subdelegado o el Delegado del Gobierno, según corresponda; y que el acto material de devolución se ejecute por parte del Cuerpo Nacional de Policía.
3. El concepto operativo de frontera utilizado por el Ministerio del Interior -consistente en considerar que en las playas españolas el ámbito territorial de soberanía lo representaría una imaginaria línea formada por los cuerpos de agentes de la Guardia Civil o que en las ciudades de Ceuta y Melilla la zona de soberanía española comienza cuando se atraviesa la valla interior de protección carecen de cualquier cobertura legal‐ no resulta jurídicamente asumible para sustentar la legalidad de las llamadas “expulsiones  en caliente”, ya que los  conceptos de frontera y zona territorial de soberanía son de carácter estrictamente jurídico y están regulados en la normativa correspondiente, careciendo de cualquier cobertura legal la ficción en que se basa este concepto “operativo” de frontera; y cualquier actuación de la Administración que se desarrolle dentro o fuera de territorio nacional es una actividad realizada por funcionarios públicos españoles en el ejercicio de sus cargos que está sometida a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico español, por lo aunque se sostuviera que los ciudadanos extranjeros han sido interceptados fuera de territorio  nacional, las “expulsiones en caliente” no quedan excluidas de la aplicación de la legislación de extranjería, al concretarse en la entrega de ciudadanos extranjeros por parte de las autoridades nacionales desde territorio español a autoridades de un país tercero.
4. La interceptación en territorio español de personas que hayan entrado clandestinamente en España por puesto no habilitado no justifica la aplicación de las llamadas “expulsiones en caliente”. Al contrario, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el particular, lo procedente para estos supuestos es la aplicación del procedimiento de expulsión con las garantías que le son inherentes.
5. El Acuerdo hispano-marroquí de readmisión no justifica la aplicación de las llamadas “expulsiones en caliente” por no ser susceptible, en función de la materia que regula, de excepcionar la aplicación de los procedimientos establecidos en la legislación de extranjería. Al contrario, este Acuerdo establece nuevas obligaciones para la ejecución materia de estas entregas de ciudadanos extranjeros que también se están incumpliendo.
6. No existe la posibilidad de proceder a una modificación legislativa para dar cobertura  legal  a las “expulsiones en caliente”, tal como se están ejecutando actualmente, toda vez que vulneran la normativa de la Unión Europea y el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente la referidas al ejercicio del derecho de asilo y protección jurídica internacional, la prohibición de expulsiones colectivas y el principio de no devolución.
7. Las decisión, ejecución, y colaboración activa y pasiva con las “expulsiones en caliente” incurriría en responsabilidad penal y disciplinaria. Son distintos los tipos penales en que podrían subsumirse estas conductas como son, entre otros, el delito de coacciones (art. 172 CP); los delitos de funcionarios públicos de privación de asistencia letrada (art. 537 CP), de privación del ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes (art. 540 CP), o de prevaricación (art. 404 CP). Sin que, por otra parte, puedan operar respecto de los mismos las circunstancias excluyentes de la responsabilidad referidas a la obediencia debida, ejercicio legítimo del cargo o el desconocimiento de la ilicitud del hecho. Además, todo ciudadano está obligado a denunciar los delitos que presencie o de los que tenga conocimiento (arts. 259, 262, 264 LECrim), incurriendo incluso en un delito del 450 CP quien pudiendo evitar estas prácticas no lo haga, y en un delito del art 408 CP la autoridad o funcionario público que deje de promover intencionadamente su persecución.
8. No resulta posible, como parece pretender el Ministerio del Interior, utilizar atajos en abierta contradicción con la normativa nacional, europea e internacional, con el pretexto de mayor eficacia y eficiencia en una política migratoria focalizada principalmente en el control de los flujos humanos, movidos mayoritariamente por flagrante necesidad. Ello constituye un atentado a los valores superiores de la Constitución y a los más elementales principios éticos en que se asienta nuestra cultura. El Estado de Derecho reclama como elemento legitimador la protección de los derechos humanos como satisfactor institucionalizado de las necesidades humanas. Vulnerar los derechos pone en peligro no sólo a las víctimas de este desafuero, también compromete la dignidad moral de nuestras democracias y desde luego la de quienes, muchas veces en contra de su conciencia, se ven obligados a cumplir órdenes manifiestamente ilícitas de las que podrían derivarse responsabilidades personales. Como decía Nelson Mandela, todo lo que introduce el principio de discriminación negativa en lo político y en lo jurídico acaba degradando a quienes la padecen y, mucho más, a quienes la promueven o, al menos, la consienten.

INFORME COMPLETO:

http://eprints.ucm.es/25993/1/INFORME%20%20EXPULSIONES%20EN%20CALIENTE.%2027_6_2014%20%281%29.p

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